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Buenos Aires: repudian el paro de transportistas

Cinco entidades representantes del sector agropecuario repudian el accionar de los transportistas que están paralizando la provincia bonaerense.

Federación de Acopiadores de Cereales, Coninagro, CATAC (Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas), Ciara-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales) y CIAFA (Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos), representantes de la producción, comercio, transporte, industrialización, exportación de granos y producción de insumos, expresan públicamente la urgente necesidad de poner fin a los desmanes y el accionar ilegal que vienen teniendo algunas organizaciones de empresarios transportistas inducidas por ATCADE (Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos) y que están paralizando puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires.

Según el comunicado, el conflicto, que se mantiene vigente desde el año pasado, ha vuelto a recrudecer a partir de un paro por tiempo indeterminado de los transportistas con presencias en las rutas, que están paralizando zonas clave como la de Necochea y Quequén e incluso dificultando el transporte de semillas y agroquímicos para la siembra de trigo en el sur provincial.
Otros lugares donde se centra el conflicto son Bragado (sobre la ruta 5), 9 de julio (en ruta 5 y 65), en Olavarría (ruta 226 y 51), Azul (ruta 3), Tres Arroyos (ruta 3 km 495), Balcarce (ruta 226 y 55), Tandil (ruta 226 y 74), Henderson y Daireaux (ruta 65) y Chivilcoy (ruta 5 y 51).

Los manifestantes, desarrollan, reclaman porcentajes de cargas y tarifas obligatorias, en total contravención con las normas de la legislación de carga, tanto nacional como provincial. Pero el agravante es que el reclamo viene acompañado de intimidaciones, amenazas, bloqueo de plantas, presión física y psicológica contra las personas, que tipifican el delito de coacción.

Además agregaron que el accionar de estos transportistas ya se cobró una víctima fatal en el mes de marzo pasado en Coronel Pringles. Para evitar que incidentes como estos se repitan, desde algunas fiscalías ya estarían trabajando en solicitar detenciones.

Debido a todo esto, desde la Federación de Acopiadores de Cereales, Coninagro, CATAC (Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas), Ciara-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales) y CIAFA (Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos), expresan su “total repudio y rechazo al accionar de  las organizaciones de transportistas mencionadas quienes, bajo el pretexto de presentar reivindicaciones económicas, sólo persiguen sustituir el imperio de la ley y las instituciones por el de la fuerza, el “patoterismo” y el vandalismo, como etapa previa a la concentración de poder económico”.

A su vez, destacan que “no existe conflicto económico alguno, lo que está en juego es el valor extremo de la ley como fuente de convivencia social, que pretende ser reemplazado por la fuerza y la coacción”.

Las entidades también expresan su “firme decisión de no ceder a las presiones e intimidaciones recibidas por nuestros asociados, reafirmando los derechos que les asisten, de conformidad con las normas en vigencia”. También “su apoyo irrestricto al estado de derecho, denunciando estas acciones delictivas y solicitando la protección de las instituciones encargadas de velar por el imperio de la ley”, y su “compromiso de trabajar respetando y haciendo respetar la ley nacional de transporte y las legislaciones provinciales, donde se establece la libertad de contratación y pacto de tarifas”.

as entidades del sector llaman una vez más a la reflexión a los dirigentes empresarios que practican esta metodología intimidatoria, y al mismo tiempo ratifican que seguirán siendo inflexibles en las denuncias de estos delitos y el seguimiento de las causas.

“Confiamos en la respuesta eficiente de las instituciones políticas encargadas de preservar el orden político y jurídico, reafirmando la vigencia del estado de derecho”, sostienen las entidades y reiteran su “compromiso a defender las fuentes de trabajo directas e indirectas generadas mediante las actividades productivas, de servicio y comerciales realizadas por las empresas asociadas a las cámaras firmantes, dentro de las cuales las empresas de transporte tienen y tendrán una participación decisiva”.

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