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Se cobra en quinta velocidad, pero se reparte en primera

Esta semana, el gobernador José Manuel de la Sota hizo públicas las razones de por qué el agro realizará el año próximo una mayor contribución impositiva. Lo hizo con una verdad a medias. Aseguró que luego de la rebaja del 30 por ciento efectuada sobre el Impuesto Inmobiliario en 1999, la Provincia necesitaba “una mano” del campo para tener en 2013 un Presupuesto sólido. Lo que 
le faltó fue admitir que la 
presión impositiva sobre la tierra creció en forma significativa entre 2003 y 2011, a partir de la incorporación de fondos específicos.

En 2003, una hectárea en el departamento Marcos Juárez pagaba 13,64 pesos; 10 años más tarde pagará, con el nuevo aumento, 213,26 pesos, de acuerdo con los cálculos rea­lizados por el productor y ­exdirigente agropecuario ­Néstor Roulet.

Con la creación del futuro fondo coparticipable con los municipios, que en el seno de la comisión de enlace ya dan por descontado, el Estado provincial recurre al campo para financiar sus gastos.

Para equilibrar sus cuentas, la Provincia necesita que el año próximo el agro le aporte 400 millones de pesos adicio­nales. Hasta este momento, el Gobierno cordobés había disimulado sus necesidades de dinero imponiendo tres fondos específicos, destinados para el mantenimiento de los caminos rurales, construcción de gasoductos y financiamiento de los consorcios canaleros.

El compromiso era que el dinero recaudado tenía esa asignación específica, sin caer en rentas generales. Al parecer, la versión impositiva 2013 cambiará este concepto e incluirá recursos de libre disponi­bilidad, con un porcentaje repartido entre los municipios.

Más allá del diseño del esquema tributario, las decisiones oficiales de elevar los impuestos al agro se toman a una velocidad mayor, si se las compara luego con lo que se tarda en dar respuesta a los problemas del sector.

Las inundaciones en el sudeste de la provincia volvieron a demostrar que las soluciones se siguen dilatando en el tiempo y que los planes de infraestructura con los fondos recaudados se mueven mucho más lento que las aguas que anegan los campos.

Lo mismo sucede en el ámbito nacional, con la sequía que golpeó durante la campaña pasada. Allí, la Nación ya recaudó derechos de exportaciones e Impuesto a las Ganancias y tiene demorada desde enero la puesta en marcha de los beneficios fiscales que prevé la emergencia agropecuaria para más de dos mil productores de la provincia.

A la reunión que hoy mantendrán el gobernador De la Sota y la dirigencia agropecuaria, para definir en principio los términos del flamante fondo, se quería sumar la Asociación de Consorcios Camineros. Si bien la Comisión de Enlace manifestó su predisposición a mantener una reunión previa con los representantes de la entidad que mantiene la red de caminos rurales, la postura es negociar con la Provincia pero sin nuevos integrantes.

Fuente: LaVoz

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